Por Francisco Escobar - escofra@hotmail.com
Con asombro, dolor y angustia leo en La Gaceta n.° 161, del 23 de agosto, una información aterradora en la lista oficial de las regulaciones de permisos sanitarios.
El Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud -dice la Gaceta- tiene como objeto regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimientos agropecuario, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por disposición de la ley requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos.
De manera que en Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Arias y la Ministra de Salud, se definen y anticipan operaciones o tareas que requieren autorización o permiso sanitario. Lo que quiere decir que este decreto prepara el terreno para solicitudes de permiso sanitario para el funcionamiento de actividades que posiblemente se den una vez que se firme el TLC.
Transcribo textualmente en el Decreto publicado en La Gaceta: “ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR. En esta clase se incluye la extracción de metal de uranio a partir de la pecblenda y otros minerales que contienen uranio. (Fabricación de aleaciones, dispersiones y mezclas de uranio natural y sus compuestos y fabricación de otros elementos, isótopos y compuestos radiactivos).”
Nuestra sociedad ha hecho sacrificios ingentes por resolver pacíficamente los conflictos interpersonales apelando a la ley y a la diplomacia, no a la fuerza de las armas y la brutalidad de la guerra.
No tenemos una cultura ni una tradición guerrera, ni en el manejo ni en la fabricación de armas convencionales y mucho menos en el manejo de armas nucleares de destrucción masiva, no tenemos el conocimiento científico ni tecnológico para el procesamiento y manipulación de materiales radioactivos. Si se establecieran en Costa Rica fábricas de armas nucleares, como parece anunciar y prever el decreto del presidente Arias, toda la nación correría unos riesgos apocalípticos, propios del terrorismo nuclear en que de nuevo se debate la humanidad actual.
Por una parte, los trabajadores se verían expuestos a la radiación, y si se diera un accidente nuclear y una fuga de radioactividad, posiblemente el territorio y toda la población, dadas las proporciones de nuestro país, podrían desaparecer o ser destruidos o afectados por los altos niveles de radiación. Por otra parte, nos volveríamos blanco de ataques nucleares terroristas o nos veríamos involucrados en la nueva guerra fría nuclear que amenaza al mundo.
Me acongoja que este fatídico decreto que prepara la autorización del establecimiento de fábricas de sustancias radioactivas, necesarias para fabricación de armas atómicas, esté firmado por un Premio Nóbel de la Paz, que preside a un pueblo pacífico que ha renunciado a la institución militar y no necesita ni comprar ni usar ni fabricar armas para la guerra.
Me resulta sospechoso que se hable de la posibilidad de extraer uranio ¿será esa la razón para que recientemente se haya invadido el bosque reserva nacional de la Alta Talamanca y se haya talado, para iniciar las exploraciones para determinar si hay minerales explotables, aparentemente con la autorización de la Casa Presidencial? ¿Será que han descubierto los mercaderes de la guerra y la muerte que hay uranio en Talamanca?
¿Por qué crear un riesgo nacional de tragedia nuclear tan silenciosamente, tan de espaldas a la discusión y al debate público y abierto? ¿Es este el método que usará el gobierno durante estos cuatro años? ¿Será que debemos estar preparados no solo para defender nuestra libertad y nuestra democracia, sino que también debemos luchar para salvar nuestras vidas, expuestas a cambio de dinero por los mercaderes vestidos de gobernantes?
(La Prensa Libre)
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