Por Constanza Grasso
Cansados de los abusos y de que nadie vele por sus derechos, los ambientalistas de la región de los Valles Calchaquies redactaron un documento en el que solicitan el cierre preventivo de Minera Alumbrera hasta que resuelva la causa por contaminación ambiental que versa sobre el directivo Julián Rooney. Al mismo tiempo, exigen la cumplimentación de la normativa vigente.
A través de la denominada "Declaración de El Bañado", los ambientalistas repudian los emprendimientos mineros en los Valles Calchaquíes y de Yokavil. El fundamento reside en la alta contaminación que producen la minería metalífera y la minería nuclear, las cuales no tienen licencia social.
En el documento, acusan a Minera Alumbrera por la devastación ambiental que producen desde hace diez años en la zona. Sobretodo, hacen hincapié en el uso indiscriminado de bienes comunes como lo son el agua, la energía eléctrica y el combustible.
En relación a ello, la declaración sostiene: "Se utilizan grandes cantidades de agua (bien sagrado) dejando a las comunidades sin este elemento vital para su uso prioritario, y se contamina tanto agua, como tierra y aire, destruyendo ecosistemas que se han mantenido en equilibrio por miles de años".
Por otra parte, denunciaron el saqueo de los metales (y económico también), el cuál se hace en pos del desarrollo y las necesidades del "primer mundo". Al mismo tiempo que consideraron que el gobierno (tanto nacional como provincial) es cómplice ya que promueve este tipo de actividades para generar trabajo.
Reclamo y exigencia
La declaración de "El Bañado" no es la primera medida que toman los ambientalistas tucumanos, sino que forma parte de un conjunto de medidas que tiene como objetivo exigir el desalojo de la minera y lograr que se cumpla la reglamentación vigente.
Una de estas medidas es la que se lleva a cabo desde el 6 de agosto y que tiene como fin impedir la circulación de camiones de Alumbrera por los puebles de Los Valles Calchaquies.
En definitiva, lo que los ambientalistas y lugareños exigen es que se sanciones una ley que "prohíba la minería metalífera a cielo abierto, la minería nuclear y los métodos de lixiviación con sustancias tóxicas".
También solicitan "la remediación inmediata de todos los pasivos ambientales existentes", y la sanción de una "ley de protección de la tierra que impida la extranjerización del territorio".
Fuente: Argenpress, Primera Fuente
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