06-08-07, Por Luis Vittor y Cesar Padilla *
Las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular debe ser tomada en consideración, no solo porque es un principio de la democracia, sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la consulta, la presión social, la denuncia internacional y la demostración técnica de la inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cuando existen alternativas productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles.
El crecimiento de la economía mundial ha provocado, a partir del 2003, una mayor demanda de minerales. Situación que ha reforzado la creciente expansión minera y supone una mayor presión de las empresas mineras sobre los Estados para obtener facilidades y desarrollar nuevos distritos mineros en la región. Particularmente, América Latina ha concentrado la mayor inversión en exploración en los últimos años. Sólo en el 2006 concentró el 24% (1) del total mundial. A su vez la expansión minera esta presionando la ejecución de proyectos en áreas ambientalmente frágiles y económicamente beneficiosa para las comunidades.
En este contexto identificamos diversas experiencias de resistencia que en común le hacen frente a la expansión de la minería. En países como Perú, Chile, Argentina, Guatemala y recientemente Ecuador, se han reproducido diversos movimientos que haciendo uso de una diversidad de estrategias han expandido su oposición a la minería sustentadas en los impactos ambientales y sociales de la minería, así como las debilidades del modelo extractivo para aportar al desarrollo local y nacional.
Cuando la movilización de las comunidades en resistencia a la minería no encuentra canales estatales adecuados para que sus demandas sean atendidas, muchas veces los conflictos alcanzan niveles altos de violencia que tiene altos costos sociales para todos y no ayudan a construir ciudadanía. Ante este escenario nos hemos venido preguntando ¿cómo encontrar vías de transformación no violentas de los conflictos mineros en la región? y ¿cómo transformar experiencias de resistencia en procesos democráticos a nivel local?
Las respuestas a nuestras inquietudes también las encontramos en las experiencias de las comunidades que sugieren que las consultas ciudadanas constituye un mecanismo que aporta a la solución pacifica de los conflictos mineros. Las consultas realizadas en Tambogrande (Perú), Esquel (Argentina) y Sipacapa (Guatemala) podrían constituir referencias en ese sentido; aunque para otras experiencias parece no ser un camino viable de recorrer, como lo sugieren líderes de la resistencia al proyecto minero Pascua Lama (Chile).
Las ofertas de la expansión minera y comunidades informadas:
La oferta minera, por un lado, y la demanda de información por parte de las comunidades, constituyen aspectos relevantes que encontramos en etapas iniciales de los proyectos mineros en expansión y las experiencias de resistencia. Tan asimétricos en marketing pero necesarios para la conciencia comunitaria.
Una de las respuestas de las comunidades frente al arribo de proyectos mineros ha sido la organización y la implementación de estrategias de información a los ciudadanos para que en base al conocimiento puedan tomar decisiones sobre la conveniencia o no del desarrollo de actividades mineras.
La información ha sido fundamental para ubicar el impacto integral de la minería en aquellos lugares cuya actividad ha sido diferente de la extracción de recursos naturales no renovables (principalmente minería y petróleo).
Hoy en día, los datos, testimonios y experiencias disponibles son abundantes en el Internet. Por otro lado existen ONGs que tienen una vasta experiencia en materia de recopilación, sistematización y análisis de información sobre la minería y sus impactos en diversas regiones del mundo. Esto interesa particularmente a comunidades que se relacionan por primera vez con la posibilidad de tener como vecinos a proyectos mineros.
La necesidad de acceder a información responde a que los proyectos mineros en su etapa inicial llevan consigo un paquete de ofertas y agresiva propaganda que incluye el uso de tecnología de punta, empleo al por mayor, activación económica local y regional, comercio y transporte. Además, aprovechando las necesidades sociales y económicas de comunidades rurales excluidas de los beneficios del crecimiento económico, prometen facilitar el acceso a servicios que los estados no pueden brindar.
La construcción de infraestructura educativa y de salud, así como carreteras y locales comunitarios, constituyen la oferta a cambio de apoyo popular a los proyectos mineros. Por otro lado, el arribo de nuevas actividades extractivas a territorios con economías diversas abre un dilema cuyo debate sobre la conveniencia o no de proyectos mineros o petroleros se ha transformado casi en un debate ideológico.
En el caso de Tambogrande (Piura, Perú) los agricultores sustentaron la consigna de “agro si, minas no” que ha llevado, actualmente con el caso Majaz, a plantear el debate sobre qué modelo de desarrollo es sostenible para la región. La oposición es percibida, por los otros, como rechazos a la modernidad o al desarrollo, el crecimiento o el progreso. Según las empresas mineras y los gobiernos en sus diferentes niveles, quienes se oponen a las industrias extractivas optan por el atraso.
Aunque para la resistencia a la minería históricamente “el atraso y la pobreza” se debe a la exclusión económica ya que sus actividades productivas no responden a la demanda de los mercados internacionales pero aseguran la alimentación de sus comunidades y abastecen mercados locales. En territorios con pobreza extrema puede ser fácil que el discurso minero cale hondo.
Es que los pueblos que reciben la visita de las mineras hablan de falta de empleo, y el empleo parece constituir un nuevo enganche (resalta la inevitable frase de “peor es nada”) para ganar el apoyo ciudadano en los proyectos mineros. Aunque es difícil contrastar esta resplandeciente oferta con la realidad de la minería, que revisando las experiencias de los pueblos mineros encontramos que su historia esta salpicada de desilusiones que brillan más que el resplandor de toda la riqueza extraída.
Otro aspecto en cuestión en el debate son los beneficios económicos de la minería. Las resistencias plantean que las empresas mineras pagan muy poco o nada de impuesto a los países dueños de los recursos mineros. Los exuberantes precios de los metales hacen hoy que las empresas mineras no puedan disfrazar sus rentas y deban pagar impuesto, aunque nunca los que realmente debieran pagar al estado. En Chile, por ejemplo, en el año 2002 de 47 empresas mineras transnacionales, solo 3 pagaban parcialmente impuesto a la renta, según señalaba el ex senador Lavandero.
El resto declaraba perdidas llegando incluso a convertir al estado chileno en deudor de las mineras. Chile debía a las mineras cerca de 3,000 millones de dólares por concepto de inversiones no descontadas de impuestos nunca pagados. En el caso de Perú, se sabe que de las 27 compañías mas grandes que operan en este país sólo 25 pagan regalías mineras por ostentar contratos de estabilidad tributaria y el experto en temas económicos Humberto Campodónico ha estimado en US$ 831 millones lo que el estado peruano ha dejado de recaudar en el 2006 tras renuncia a la aplicación del impuesto a las sobreganancias mineras por el óbolo minero que solo asciende a US$ 170 millones anuales.
Cabe sumarle a lo anterior el tema de los pasivos ambientales y la contaminación acumulada que por siglos penderá sobre la calidad de vida de los habitantes y comunidades locales. Tanto abundan los casos de contaminación minera que no los veremos aquí.
También, se incluyen los impactos de la minería sobre la cultura local, como el alcoholismo y la prostitución. Estas y otras informaciones llegan a los oídos de quienes aun pueden decidir y marcar su posición frente al arribo de proyectos mineros. Esto provoca la inquietud de oponerse a la minería por sus impactos negativos aunque también porque los supuestos beneficios tampoco son reales.
Las diversas caras de la resistencia:
Con las informaciones conseguidas de otras comunidades afectadas por la minería, el intercambio de experiencias y las visitas a sitios contaminados por la industria minera, las comunidades locales fortalecen su resistencia. Entre las estrategias de resistencia a la minería se destacan las acciones legales y administrativas, la movilización, el cabildeo para cambiar leyes y códigos mineros, la declaración de áreas protegidas, las alianzas con otros movimientos de defensa del agua, de los derechos de los pueblos originarios, los movimientos anti-globalización y las denuncias en los medios de comunicación. Con diversos resultados, estás estrategias son válidas en las experiencias de las comunidades locales frente a la minería y como instrumentos para proteger los derechos de las comunidades. Pero la resistencia también deja derechos humanos vulnerados por la represión, la intimidación, las amenazas e incluso los atentados y muertes de opositores a la minería, extrañamente, muy extrañamente, nunca esclarecidas.
La consulta ciudadana:
Una de las estrategias que se ha ido dando a conocer en el último tiempo principalmente por su tendencia a la masificación es la consulta ciudadana. Con los antecedentes de la primera consulta ampliamente difundía, organizada en la ciudad de Tambogrande en el norte del Perú, el 3 de junio del 2002, donde un 98% de los habitantes se pronunciaron por un No a la minería, otras comunidades fueron contemplando dentro de sus estrategias específicas, la organización de una consulta.
Esta experiencia tuvo repercusión internacional precisamente por la difusión que obtuvo al involucrar a grupos y organizaciones de otros países, principalmente de los países del hemisferio norte, incluidos aquellos de donde provienen las empresas mineras transnacionales. Manhattan, la empresa que en sociedad con la estatal CENTROMIN, vio frustradas sus intenciones de explotar el oro de Tambogrande, en parte por los resultados de la consulta ciudadana, pero principalmente porque no logró finalizar con éxito el proceso de participación ciudadana reglamentada por la ley ambiental durante el proceso de presentación de su Estudio de Impacto Ambiental.
La empresa no logró realizar las audiencias públicas necesarias y el gobierno peruano le cancelo de manera definitiva a ejercer los derechos del contrato de opción que tenían suscrito. Después de Tambogrande, la austral localidad de Esquel, en el sur de Argentina, fue la segunda, que con la requerida difusión se atrevió a repetir la consulta el 22 de marzo del 2003. Más de un 80% de la población local rechazo el proyecto de Meridian Gold, empresa que había logrado el apoyo de autoridades y personajes de la política regional y local.
Esta segunda derrota a la minería mediante consultas vecinales comenzó a convertirse en un atractivo mecanismo para demostrar la oposición local a la minería ante los oídos sordos de los gobernantes. Pero, también, porque tanto en Tambogrande, como en Esquel, la oposición logró desarrollar argumentos sólidos en los aspectos ambientales, sociales, económicos y legales. Hace dos años se incorpora en América Central esta estrategia. Con una situación muy diferente a los países del sur de los Andes, América Central, con territorios más pequeños y ecosistemas muy interdependientes, enfrentan la minería desde la perspectiva fundamental del territorio.
Las áreas utilizadas por las actividades mineras a tajo abierto aparecen impensables en países con poco territorio, mucha población y ecosistemas frágiles. Ayuda a evaluar la imposibilidad de la minería la pluviosidad, el cambio climático, la inestabilidad de los suelos y los complejos sistemas hídricos. Es una zona de influencia de huracanes y lluvias torrenciales que hacen suponer que las medidas adoptadas para contingencias resultarán siempre insuficientes. Sipacapa, en Guatemala, fue una de las primeras localidades donde se organizó una consulta con contundentes resultados contra la minería.
El 18 de junio del 2005, fecha de la consulta, de 13 asambleas comunitarias, 11 votaron en contra de la minería, una voto a favor de la minería y otra se abstuvo de votar. “En total, un 98.5% de la población participante rechazó a la minería”(2). Pero esto no ha quedado ahí. Las comunidades han encontrado en la consulta, un medio legítimo de expresión para decirles a la minería y a los gobiernos que su opción de desarrollo descarta esa actividad. El pasado mes de junio (2007) hubo una nueva oleada de consultas en Guatemala y todas con resultados contundentes contra la minería.
En el Perú se prepara para el 16 de septiembre una nueva consulta en los distritos de Ayabaca y Carmen de la Frontera de la región Piura, la misma región donde fuera derrotada la minería. Es evidente que las poblaciones locales no están dispuestas a aceptar la actividad minera y la consulta se convierte en el instrumento de expresión democrática de protesta y propuesta. Esto sucede porque los gobiernos han fijado a la minera como la actividad que los llevara a lograr el tan ansiado crecimiento económico y desprecian las apuestas de desarrollo local que han emprendido los ciudadanos.
Entre la certeza y la duda, los riesgos de la resistencia:
La primera certeza que acompaña los procesos de consulta es el derecho. Tal vez no contemplado de esa forma en las constituciones políticas de los Estado, aunque de uno u otro modo los países democráticos contemplan formas de consulta en alguno de los niveles de administración del Estado. Aun, teniendo dudas sobre el reconocimiento del ejercicio del derecho ciudadano a la consulta, las comunidades dan el difícil paso de organizar una consulta. Difícil, la mayoría de las veces por la falta de apoyo de las autoridades, algunas convencidas por la quimera de la explotación de metales, otras intimidadas por el gobierno central o las mismas empresas mineras.
Otras, convertidas en defensoras de los intereses transnacionales mineros. Las respuestas a las incertidumbres se van aclarando a mediada que se van realizando las consultas. En Perú fue desconocida por las autoridades, pero la contundencia de la respuesta ciudadana y el difícil escenario de conflicto minero nacional llevó al gobierno a buscar una solución vía un “by-pass” político: declarar que la empresa no cumplía los requisitos técnicos para ejercer el contrato de opción.
En Sipacapa se acaba de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad declarando la consulta legítima pero inconstitucional. ¿Fue un si pero no? ¿Cómo se interpreta esta resolución? En Esquel tampoco hubo reconocimiento pleno al derecho ejercido por la comunidad frente a Meridian Gold. Sin embargo, las consultas están aportando cambios políticos importantes ya que la ciudadanía comienza a pronunciarse claramente en un proceso creciente de recuperación de derechos perdidos o insuficientemente ejercidos, todo ello en un marco democrático.
Pero también hay otras dudas. El caso Pascua Lama en el norte de Chile es evidente. A la pregunta sobre el posible resultado de una consulta ciudadana al estilo Tambogrande, líderes locales de la resistencia a la minería dejaron ver sus dudas sobre la respuesta de los habitantes del valle del Huasco.
El un momento crucial, cuando el proyecto minero que podría hacer desaparecer los glaciares cordilleranos de una de las zonas más áridas del planeta, los líderes no estaban seguros de la respuesta popular. Afirmaban que la empresa había manipulado con tanto éxito y con tan pocos recursos a miembros de la comunidad que no se podía asegurar un triunfo anti-minero en una consulta ciudadana.
Es que la empresa había aprendido la lección, era peligroso descuidar el aspecto social y había que invertir en la división y cooptación de la comunidad. A pesar de la inviabilidad ambiental del proyecto minero de la Barrick Gold, parece ser inaceptable organizar una consulta popular o unificar resistencia a la minería en este caso.
El futuro de las consultas:
Es probable que las consultas ciudadanas sigan siendo parte de las estrategias usadas por las comunidades para manifestar su oposición a los proyectos mineros. A medida que las sociedades vayan consolidando espacios de ejercicio de la democracia real y derechos, la consulta irá transformándose en instrumento recurrente para decidir sobre la aceptabilidad de los proyectos mineros.
También, las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular debe ser tomada en consideración, no solo porque es un principio de la democracia, sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la consulta, la presión social, la denuncia internacional y la demostración técnica de la inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cuando existen alternativas productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles.
Pero la consulta no goza de popularidad en los círculos mineros y gubernamentales. Ello se debe a sus resultados, hasta ahora adversos a las empresas. Sin embargo, no se descarta una mayor inversión por parte de las mineras en cooptación de dirigentes y comunidades para frenar la creciente ola de consultas. ¿Cual será para entonces la respuesta de los gobiernos? El próximo paso es la lenta legitimación de estos mecanismos de expresión democrática en medios estatales.
La democracia se conquista y en ese proceso las consultas serán un instrumento reconocido por los gobernantes. Para entonces, el temor de las mineras ya no será el no poder desarrollar proyectos con oposición popular como sigue siendo el caso. El temor será tener que detener y cerrar proyectos porque las comunidades afectadas no aceptan los impactos ambientales insuficientemente declarados en los estudios de impacto ambiental o las contingencias responsabilizadas a la naturaleza como es el caso actualmente. Una nueva discusión se dará en torno este tipo de mecanismo y creemos que la voluntad popular seguirá imponiéndose a la imposición de la insustentabilidad. Nuestra esperanza es que en territorios mineralizados la democracia asegure el derecho soberano del pueblo a elegir su futuro.
* Luis Vittor es asesor en temas de minería y comunidades.
Cesar Padilla es integrante del Centro de Ecología y Pueblos Andinos de Bolivia, y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Notas:
(1) Metals Economics Group, 2007
(2) Ver: http://www.bicusa.org/Legacy/El_Voto_de_Sipacapa.pdf
11 de Julio, 2008
Rosa Moreno / Sara Larraín
Programa Cono Sur Sustentable
Fundación Heinrich Böll
Desde finales de la década del 80, la generación nuclear de electricidad es una opción energética que ya no se expande en el mundo como esperaban sus impulsores, principalmente a causa de su incapacidad para resolver el problema de los desechos, por cuestiones de seguridad y por los riesgos geopolíticos que implica. La industria nuclear atraviesa hoy una clara crisis de supervivencia: los contratos para construir nuevas plantas escasean, y el plazo para el desmantelamiento de las centrales que cumplen su vida útil, proceso altamente costoso, es inminente. A nivel internacional, consorcios y gobiernos dedicados a este negocio dedican grandes esfuerzos para ubicar la opción nuclear como una “alternativa limpia” frente al calentamiento global generado por los combustibles fósiles, principales emisores de dióxido de carbono (CO2), pero no es una alternativa energética que haya adoptado hasta ahora la comunidad internacional.
La Unión Europea, que lidera las políticas para mitigar el cambio climático, ha desechado la generación nuclear en su estrategia común frente a este desafío, a causa de sus impactos ambientales, de la oposición ciudadana que genera y de la falta de solución para los problemas de seguridad que plantea, asociados con la proliferación nuclear y las tensiones geopolíticas. En este contexto, sin embargo, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela han anunciado o dictado en los últimos años medidas que suponen un intento por reactivar el desarrollo nucleoeléctrico en los países la región.
En América del Sur, el debate por la opción nuclear se ha reinstalado de la mano de las crisis energéticas que ya atraviesan –o que anticipan– distintos países de la región. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva usó el antecedente de la crisis energética que se vivió en el verano de 2001 como uno de los principales argumentos para reactivar el proyecto Angra-3, inactivo desde los 80, y anunció recientemente que los próximos ocho años invertirá los fondos para desarrollar el tercer reactor nuclear del país. En Argentina, el presidente Néstor Kirchner anunció durante 2006 la reactivación de un plan de desarrollo nuclear como una de las medidas para afrontar la crisis energética que se prevé en el país, y se comprometió a terminar la central atómica Atucha II, proyecto que estaba inactivo desde mediados de los 90.
En Chile, a fines de 2006, la presidenta Michelle Bachelet estableció una Comisión de Nucleoelectricidad con el fin de recomendar estudios para el desarrollo nuclear, a pedido de dirigentes y legisladores, que fundaron su solicitud en la expansión de la demanda energética y en la escasez de fuentes de energía segura para abastecer al país. Del mismo modo, y por instrucciones del presidente Tabaré Vázquez, el gobierno de Uruguay envió en mayo de este año una misión a Finlandia para realizar un estudio que tiene como fin “avanzar en el desarrollo de la energía nuclear”, tal como informaron fuentes oficiales.
Después de 30 años de decadencia de este tipo de generación, nuestros gobiernos intentan dar un nuevo impulso al desarrollo nuclear, bajo la doble justificación de la búsqueda de soluciones para las crisis energéticas y para el calentamiento global. En cada caso, la afirmación ciega de que la nuclear es una energía “limpia y segura” vuelve a repetirse. No obstante, las razones para oponerse a la generación nuclear se han multiplicado con el paso del tiempo. Las organizaciones ciudadanas del Cono Sur, y en particular el movimiento ecologista, tienen una larga trayectoria de acción y seguimiento de los planes de desarrollo nuclear, cuyos inicios en la región estuvieron siempre ligados a las ambiciones de las dictaduras militares.
Este renovado interés pro-nuclear de los gobiernos democráticos de la región, avanza hacia atrás en el tiempo haciendo suyas las promesas que la industria nuclear no ha podido cumplir en todos estos años, acompañado por una concepción pobre o intencionada de la cuestión energética en nuestros países: aquella visión que intenta restringir los problemas de producción y consumo de energía únicamente a los aspectos de vulnerabilidad y seguridad del abastecimiento, sin tomar en cuenta la sustentabilidad de la matriz energética en su conjunto.
Con la publicación de este trabajo, cuyos fundamentos se comenzaron a construir desde los inicios de la acción ciudadana contra la opción nuclear en la región, nos proponemos aportar al debate vigente un análisis de la opción nuclear desde un enfoque amplio y detallado, que incluye el estudio de su ciclo de vida desde la cuna a la tumba; es decir: desde la minería del uranio hasta la disposición final de desechos radiactivos. Este desarrollo abarca los elevados costos de inversión de los emprendimientos nucleares, las restricciones en la oferta de uranio, los problemas de seguridad, los impactos ambientales, la evaluación de su balance energético y los riesgos geopolíticos, todos ellos ampliamente reconocidos hoy a nivel mundial.
Entre los principales cuestionamientos a la opción nucleoeléctrica, organizaciones científicas y ciudadanas a nivel internacional coinciden en señalar que la tecnología nuclear tiene un alto costo económico, genera impactos sociales, implica riesgos geopolíticos y es ambientalmente insustentable: depende de la extracción del uranio –un recurso no renovable–, y genera elementos contaminantes durante todo su ciclo de vida, tanto en la mineración y enriquecimiento del uranio como en la generación, el reprocesamiento y la disposición final de desechos altamente radioactivos, que se transforman en pasivos ambientales con necesidad de resguardo por miles de años.
Como fuente de energía su balance energético es estrecho, y se torna en francamente negativo si el uranio utilizado es de baja ley. Como industria en su conjunto, genera una atmósfera de inseguridad permanente entre las poblaciones que viven en las inmediaciones de sus emprendimientos, donde los bienes se deprecian a causa de los riesgos que supone esta generación. Los requerimientos de seguridad de instalaciones riesgosas generan estrictos sistemas de control y producen un ambiente militarizado por un lado, y por otro lado suponen mayor vulnerabilidad para la seguridad interna del país, ya que lo convierten en blanco estratégico en cualquier escenario posible de tensión política entre naciones. A ello se suma la vulnerabilidad económica que representa una potencial contaminación de la cadena alimenticia, de la infraestructura y de los recursos naturales, bases del desarrollo económico.
El desarrollo de un análisis integral como el que presentamos en esta publicación, muestra que la opción nucleoeléctrica no representa una alternativa para el desarrollo energético real de nuestros países, y de modo evidente tampoco ofrece solución alguna a las coyunturas de crisis energéticas. Esta situación, a la luz de un análisis como el que presentamos, expresa la urgente necesidad de contar con políticas energéticas consensuadas democráticamente, y con planes de desarrollo energético a largo plazo, de tal modo que aseguren la seguridad y sustentabilidad ambiental y energética de nuestros países.
Ver informe completo (Cuaderno de 50 pgs. en PDF)
http://www.energiaslimpias.org/la-energia-nuclear-no-tiene-futuro/
http://www.energiaslimpias.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario