BOLIVIA: Comunidad se enfrenta a minera

21/08/2008
Proyecto de remediación ambiental daña recursos naturales de ayllu

Una denuncia del ayllu Jesús de Machaca, en la sureña ciudad boliviana de Potosí, contra la minera Manquiri —propiedad de la empresa estadunidense Coeur d’Alene Mines Corporation—, permitió que una delegación de la Corporación para la Inversión Privada en el Exterior de EEUU (OPIC por sus siglas en inglés) verificara los daños producidos a sus recursos naturales.

El 21 y 22 de julio, representantes de OPIC, que es una agencia del gobierno de EEUU, verificaron que la construcción del dique de colas (depósito de almacenamiento de materiales de desecho) obligó a la empresa a drenar una ciénaga (humedal y fuente de agua natural), con el consiguiente perjuicio a los pobladores de Jesús de Machaca que viven del pastoreo.

Según la Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia (AINI) “estas afectaciones significan el incumplimiento de las políticas de OPIC sobre pueblos indígenas, de reasentamiento involuntario y de evaluación ambiental; dichas políticas, al ser requisitos contractuales para Coeur d’Alene, se constituyen entonces en obligatorias de la empresa. En este caso, el proyecto San Bartolomé [operado por Manquiri] tiene la obligación de aplicar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas del ayllu poniendo en marcha una adecuada evaluación ambiental, realizando planes para las familias reasentadas además de beneficiar económicamente al ayllu afectado, financiando un plan de desarrollo”. El proyecto San Bartolomé pretende limpiar los desechos de la minería acumulados por 500 años en las laderas del Cerro Rico, con el objetivo de extraer lingotes de plata.

Supuestamente el proyecto debe desarrollarse en un circuito cerrado para evitar nuevos daños ambientales. Antiguamente se extraía la plata del Cerro Rico por medio de lixiviación, mezclando en una inmensa piscina al aire libre la roca con cianuro de sodio que en temporada de lluvias se escurría hasta el río Pilcomayo.

Kriss Genovesse, integrante del Center for International Environmental Law, con sede en Washington DC, invitado por las autoridades del ayllu para acompañar la visita de OPIC, dijo a AINI que “las políticas de OPIC obligan a la empresa a financiar un plan de desarrollo para pueblos indígenas, y Manquiri no lo financió. El proyecto minero causó el reasentamiento de algunas familias del ayllu que fueron removidas sin un plan de reasentamiento, además de causar la fractura de la comunidad porque la empresa no ofreció tierras como parte de la compensación, sino que ofreció casas en la ciudad, lejos de su comunidad, del pastoreo y de sus animales”. En setiembre OPIC presentará su informe sobre su visita a Potosí. —Noticias Aliadas.